domingo, 25 de octubre de 2015

Centro de ayuda para víctimas de abuso en LA


Los Ángeles,California.- La policía de Los Ángeles, junto con la fiscalía y varias organizaciones de servicio y educación, inauguraron un centro que prestará servicios a víctimas de maltrato infantil, violencia doméstica y abuso sexual en el condado de Los Ángeles.
Entre otros asistentes a la ceremonia figuraron el congresista hispano Tony Cárdenas, la fiscal del Distrito de Los Ángeles Jackie Lacey, el Fiscal de LA. Mike Feuer, la primera dama de la ciudad Amy Wakeman y el Asistente en Jefe del LAPD, comandante Jorge Villegas.
El centro atenderá primariamente los residentes del Valle de San Fernando, con mayoría de hispanos (41,8 %) y también del Valle de Santa Clarita, donde los latinos representan el 24 % de la población.
El Centro de Justicia Familiar, un proyecto conjunto de la policía de Los Ángeles, la fiscalía, la Universidad Estatal de California Northridge (CSUN) y otras organizaciones sociales, estará ubicado en Van Nuys,al norte de Los Ángeles.
El centro es una alianza especial entre entidades públicas y privadas que albergará múltiples agencias para atender personas de todas las edades que hayan sufrido maltrato infantil y violencia sexual o doméstica.
Al reconocer que "la exposición a la violencia comienza a una edad joven", la concejal del Distrito 6 Nury Martínez destacó la importancia de promover "hábitos de relaciones saludables entre nuestros jóvenes y enseñarles cómo respetarse unos a otros".
El centro será sede de una unidad de consejería y contará con la presencia de detectives de delitos de ataques graves del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), abogados de la fiscalía de Los Ángeles, enfermeras forenses del centro hospitalario de CSUN, asesores legales y representantes de un albergue para víctimas de violencia familiar.
Una auditoría de la Contraloría del 1 de octubre encontró que para el periodo 2015-2016 en Los Ángeles, el gasto por persona en programas de violencia doméstica está proyectado en 1,04 dólares, muy por debajo en comparación con otras ciudades como Nueva York, que gasta cerca de 12 veces más.
El informe señaló que el LAPD recibe, en promedio, 131 llamadas diarias por violencia doméstica sumando más de 48.000 llamadas al año.
El centro inaugurado formalmente el 15 de octubre es el primero en su tipo en Los Ángeles y funciona bajo la supervisión de la universidad, a través del Colegio de Educación Michael D. Eisner de CSUN.

No permita que el tiempo proteja a los depredadores sexuales


Cuando yo tenía entre los 15 y los 17 años de edad, fui abusada sexualmente por uno de mis maestros de la escuela preparatoria a la que yo asistía en el condado de Orange. Para cuando el abuso terminó, yo estaba embarazada y tenía además una enfermedad transmitida sexualmente.
Me tomo años entender el alcance del abuso del que fui víctima y para cuando me recupere lo suficiente como para dar un paso adelante, los estatutos de prescripción penal y civil habían expirado. A pesar de que tenía pruebas de que mi director de coro había abusado de mí sexualmente, no podía hacer nada para detenerlo de hacerles daño a otras adolescentes vulnerables.
California tiene estatutos abismalmente complicados para los crímenes sexuales. Las víctimas, si son niños y fueron abusados antes del 1 de enero de 2015, tienen hasta la edad de 28 años para presentar cargos penales, y hasta los 26 para hacer uso de los tribunales civiles (con excepción para aquellos que cumplan con el requisito de cargar con una pesada prueba). Los menores que fueron abusados después de la fecha arriba mencionada (o que no alcanzaron el tiempo límite para esa fecha), tienen hasta los 40 para presentar cargos criminales, otra vez, con excepciones.
Para las víctimas adultas de agresión sexual, no hay límite si es un asalto sexual agravado, es decir, cuando el agresor utiliza un arma o hay múltiples agresores. Para una agresión sexual “normal”, las víctimas adultas suelen tener hasta 10 años para presentar cargos criminales, a menos que haya pruebas de ADN, lo cual les puede dar más tiempo a las víctimas. El límite para casos civiles de agresión sexual es de dos años desde la fecha en que sucedió el evento.


En mi propio caso, mi plazo para presentar cargos penales fue a la edad de 24 años. Pude haber hecho uso del derecho civil sólo hasta mi cumpleaños 19.
Estos periodos relativamente cortos significan que los malhechores como mi maestro, y gentes mucho más famosas acusadas de abusos, como Bill Cosby, pueden evitar llegar siquiera a ver el interior de una sala de tribunal. Algunas de las mujeres que acusaron a Cosby de agresión sexual han encontrado que su acusación expiró, que tenía un límite de tiempo y han recurrido a la difamación como una forma alternativa de obtener un mínimo de justicia.
¿Por qué les son dadas a las víctimas de abuso sexual límites de tiempo arbitrarios — y francamente confusos — para presentar cargos? ¿Cuántos depredadores vagan en nuestros vecindarios, desconocidos para nosotros porque a sus víctimas se les ha negado el derecho de responsabilizar a sus abusadores?
Al menos la solución es fácil: California debería eliminar los plazos para enjuiciar los crímenes sexuales. La aplicación de la ley no tiene que referirse a un gráfico para determinar si una víctima de agresión sexual tiene derechos legales. Las víctimas no deberían tener ningún plazo para hacer su denuncia.
Otros estados ya se están se moviendo en esta dirección. Delaware, por ejemplo, en 1992 eliminó la prescripción penal para las víctimas de abuso sexual infantil y eliminó el equivalente civil en 2007. Lo mismo puede hacerse para las víctimas adultas.
Los legisladores de California parecen estar conscientes de que el sistema actual no tiene sentido.
En 2003, tras el escándalo de abuso sexual por parte del clero católico, la legislatura les dio a los niños víctimas, un periodo de un año para denunciar, sin importar cuando fue que el abuso ocurrió. ¿Por qué habrían hecho algo así si no es porque reconocieron que los plazos limite  son una mala política?
La "ventana" significaba que las víctimas como yo tenían el derecho a usar los tribunales civiles. Yo expuse a mi abusador y pude sacar públicamente los documentos de mi caso, incluyendo la confesión firmada de mi abusador afirmando que él  me había asaltado sexualmente y por lo menos a otras dos  chicas más.
En 2013, la legislatura revisó la ley de 2003 para darles a las víctimas que se perdieron la ventana de oportunidad, dos años adicionales de gracia. El proyecto de ley fue aprobado ambas cámaras, pero el gobernador Jerry Brown, a instancias de California Catholic Conference, la vetó.
Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de presentar una demanda en contra mi acusador, pero lívida de que a otras víctimas se les niega el mismo derecho.
Según el  California Coalition Against Sexual Assault, a las victimas les pueda llevar décadas llegar a sentirse lo suficientemente fuertes para reportar el abuso. Las razones por la demora pueden incluir la vergüenza, detestarse a sí misma y el temor a no ser creído.
Pasé 15 años culpándome a mí misma por mi abuso. Mis compañeros, mis padres y los funcionarios escolares me convencieron de que yo no había  sido violada y que no culpable porque no fui a la policía inmediatamente. Me convencieron que " lo quería" sin darse cuenta de que me había preparado cuidadosamente para el abuso. Me odié durante toda una década; Pensaba que era una mala persona. Pero finalmente llegué a comprender que ningún niño que proviene de un hogar alcohólico tiene la oportunidad de escapar frente a un depredador sexual adulto.
Las víctimas adultas también necesitan tiempo. Consideremos el escándalo de Cosby. Hasta la avalancha de noticias en 2014, ¿quién habría creído que el "Papá de América" podría ser capaz de tales crímenes? ¿Qué mujer podría tener la fuerza y el dinero en el banco como para enfrentarse a una de las figuras más queridas de Hollywood? Ahora que el público está listo para creer, el acceso de estas mujeres a los tribunales es severamente limitado.
Los opositores de la reforma están dispuestos a decir que, con el tiempo, la evidencia se pierde, los testigos se mudan a otros lugares y los recuerdos se desvanecen. Pero nadie ha argumentado que las víctimas de abuso sexual no deberían tener que demostrar sus acusaciones, pero sí que por lo menos deberían tener el derecho a intentarlo. Si realmente no hay pruebas, los tribunales pueden negarse a conocer de la causa.
Joelle Casteix es la directora voluntaria regional de occidente de SNAP,  Survivors Network of those Abused by Priests (Red de sobrevivientes del abuso causado por sacerdotes), y autora del libro "The Well-Armored Child: A Parent's Guide to Preventing Sexual Abuse."

lunes, 5 de octubre de 2015

Otorgan $3.6 millones para víctimas de delitos sexuales




Diez y ocho agencias de Gobierno y organizaciones no gubernamentales de El Paso recibirán 3.6 millones de dólares estatales para programas de ayuda a víctimas de delitos y prevención de tráfico sexual de menores.

Las entidad local que recibirá la mayor cantidad de dinero –casi un millón de dólares– es el Centro Contra la Violencia Familiar y Sexual, que opera un albergue para víctimas de maltrato y violencia sexual, informó la Oficina del gobernador Greg Abbott.

El Concilio de Gobiernos del Río Grande recibirá 356 mil 569 dólares para entrenar a policías de diversas corporaciones que investigan casos de abuso y tráfico de menores.

El programa de Servicios Directos a Víctimas del Condado de El Paso recibirá 245 mil 310 dólares.

‘Estas subvenciones nos ayudarán a asegurarnos que en cada comunidad, las víctimas de violencia doméstica y de tráfico sexual infantil tengan un lugar seguro dónde quedarse, así como de enjuiciar a los abusadores, prevenir la violencia intrafamiliar y proveer servicios de terapia, vivienda y educación’ a las víctimas, dijo Abbott en un comunicado.

El gobernador señaló que las subvenciones, particularmente a las agencias policiacas, son un primer paso para establecer un programa permanente de combate al tráfico sexual de menores.

En todo el estado, cientos de instituciones recibirán un total de 133 millones de dólares en subvenciones para estos fines. El dinero proviene de fondos propios del estado, así como fondos federales que administra el sistema estatal de procuración de justicia.

El Centro Contra la Violencia Familiar y Sexual de El Paso (www.casfv.org) brinda albergue temporal a unas mil personas al año, la gran mayoría de ellos mujeres y niños. También ofrece programas de prevención de violencia intrafamiliar en los cuales participaron 465 personas el año pasado, así como programas para la prevención del ‘bullying’, la violencia durante el noviazgo y la iniciativa escolar ‘Decir no quiere decir que no’. 

Otras organizaciones de El Paso que recibirán subvenciones incluyen: la Iniciativa de Crimen en la Frontera (236 mil 600 dólares), el Centro de Crisis Infantil (215 mil 703 dólares) y el programa de asistencia a las víctimas que administra la Fiscalía de Distrito del Condado de El Paso (185 mil 467 dólares).